El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe no cree que el represor Manuel Cordero sea indultado en Argentina

Ante los rumores de un posible indulto a represores en Argentina, luego de la visita de seis diputados de La Libertad Avanza a un grupo de militares que cumplen condena en la cárcel de Ezeiza, comenzaron a correr las especulaciones en torno a una posible extradición del militar uruguayo Manuel Cordero a Uruguay, quien se encuentra preso en Argentina por su vinculación con el Plan Cóndor.

Consultado por el Portal APU.uy, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe, desestimó la posibilidad de que se indulte a los militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante los años de dictadura. “No creo que se concrete ese eventual indulto”, consideró el letrado. Además, confirmó que el pedido de extradición del militar uruguayo Manuel Cordero sigue en curso. “Nosotros tenemos extradiciones pendientes con Argentina que no están resueltas, no es que exista una nueva. No hemos tenido nunca una información que nos diga ‘sí se concedió la extradición’ o ‘no se concedió la extradición’. Lo que sí, en caso de que se obtenga ese indulto y que obtenga la libertad Cordero, nosotros vamos a estar atrás de eso para activar las extradiciones que están pendientes”, aclaró.

Perciballe explicó que Cordero es el único caso de extradición que pesa sobre un uruguayo en Argentina, y que hay otros pedidos de extradición a Estados Unidos, España, Brasil, Paraguay e Italia. “En estos últimos años hemos tenido varios pedidos de extradición”, de los cuales algunos fueron otorgados -dos de España (Eduardo Ferro y Américo Suzacq), otros de Paraguay y otros de Italia (como Jorge Tróccoli)-, otros están en trámite, y dos fueron denegados, uno por España -Fleming Gallo-, y otro por Brasil -Antonio Matos Narbondo-.

La extradición de Fleming Gallo habría sido rechazada “por un tema de prescripción”, mientras que la de Antonio Mato “porque es residente brasilero y Brasil no entrega a sus nacionales, y él tiene ciudadanía brasilera. Nosotros exigimos que lo juzguen porque el tratado de extradición supone que si no lo entregan lo tienen que juzgar, y nos dijeron que no lo juzgaban porque en su normativa está prescripto el delito” dijo, y continuó: “Esas son las complicaciones de depender de otro país. Por la diferencia del marco jurídico, y además de políticas de cada Estado, porque Brasil no juzgó a nadie, y España tampoco juzgó a nadie, eso también juega”.

Diputados argentinos visitaron a represores en la cárcel

Las alarmas por un posible indulto a los represores condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina, cobraron fuerza a partir de la visita que realizaron seis diputados del partido encabezado por el presidente argentino Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, a los militares detenidos en la cárcel de Ezeiza, entre los que destacan Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y el uruguayo Manuel Cordero, este último condenado a 25 años de prisión en el marco de la causa que investigó el Plan Cóndor, el sistema de represión clandestino que agrupaba a cuerpos de inteligencia de las dictaduras de la región, y no solo.

De los seis diputados que fueron al penal de Ezeiza, cinco eligieron posar para la foto con los catorce represores condenados, uno de los cuales aparece tapado pero sería Alberto Gonzalez, uno de los “mentores” de Villarruel, y sindicado como el violador de Silvia Labayrú, entre otros múltiples delitos. La diputada que no quiso posar en la foto fue Rocío Bonacci, quien luego intentó desligarse del conflicto, y confesó que Guglielminetti -uno de los torturadores del centro clandestino de detención Automotores Orletti-, le entregó en mano un documento al diputado Beltrán Benedit (quien fue el que organizó la cita), con un proyecto de ley para conseguir la prisión domiciliaria para los represores, tema central en la agenda política de Villarruel.

Senador argentino Abdala: “Abrazo un indulto como el de Carlos Menem”

En este marco, el senador libertario Bartolomé Abdala, que actualmente ocupa la presidencia provisional del Senado -y es el segundo en la línea sucesoria a la Presidencia-, afirmó en diálogo con la AM750 que en Argentina “hubo un gobierno con una política de derechos humanos que le dió una sola mirada al tema. Si le damos las dos miradas sería lo ideal, pero sería también sano sanar la Argentina para adelante, y en eso, abrazo el indulto del expresidente Carlos Menem”. Recordemos que Menem firmó en octubre de 1989 -ni bien asumió su primer mandato-, los indultos de los jefes militares de la dictadura que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esta decisión política del menemismo, rectificada luego por el gobierno de Néstor Kirchner, vuelve a tener cuerpo en el presente de la mano del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobrino del expresidente, y que se ha mostrado reticente a condenar la visita de los diputados de su partido a los represores presos en la cárcel de Ezeiza.

Manuel Cordero, un eslabón del Plan Cóndor

El 27 de mayo de 2016, el Coronel retirado Manuel Juan Cordero Piacentini (hoy de 85 años), fue condenado en Argentina a 25 años de prisión en el marco de la causa que investigó el Plan Cóndor. El uruguayo, que formó parte del Servicio de Información de Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), había sido capturado en Brasil en el 2007 y extraditado a la Argentina luego de un largo proceso, en enero de 2010.

En Uruguay, Cordero está requerido -entre otras causas- en el marco de la denuncia presentada por 28 mujeres por delitos sexuales y torturas cometidos en centros clandestinos de detención durante la dictadura, así como por el secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien, hijos de Victoria Grisonas y Roger Julien. Los niños, de uno y cuatro años de edad, permanecieron secuestrados en Orletti;luego fueron trasladados de manera clandestina a Uruguay bajo custodia del SID, para finalmente ser “liberados” -más precisamente abandonados- en una plaza en Santiago de Chile, en un operativo montado por los agentes al servicio del Plan Cóndor.

En dos ocasiones, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad solicitó la extradición de Cordero en 2018 y en 2022, para lo que tuvo que solicitar autorización a Brasil, por ser el país donde fue detenido, pero hasta el momento no hubo avances. En este sentido, son determinantes las diferencias entre los marcos jurídicos de cada Estado, y las decisiones políticas. Brasil puntualmente, no ha llevado adelante ningún juicio por este tipo de delitos.

Fuente: APU.UY