El pasado mes de julio la Intendencia de Artigas estuvo presente en todos los medios de comunicación del país porque la Justicia dictó sentencia para cuatro personas, entre ellas, el Intendente de la ciudad Pablo Caram. El motivo de la sentencia fue la malversación de fondos públicos: a inicios de 2023 se viralizó el recibo de sueldo de Stefani Severo, novia de Rodolfo Caram, primo del intendente, donde se constató el pago de horas extras no trabajadas. Se estima, según los denunciantes, que el monto total del fraude alcanzaría los US$ 8 millones.
El caso vuelve a traer a la palestra la cuestión de la corrupción en un país que es visto internacionalmente como un ejemplo de transparencia. Para hablar sobre esto, Portal APU.uy entrevistó a Ricardo Gil Iribarne, ex presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).
Se dice del Uruguay que es el país con menos corrupción de la región y con altos niveles de transparencia, ¿Es así esto? ¿A qué escala se practica la corrupción en el Uruguay?
Creo que sí. Efectivamente Uruguay está mejor que sus países en la región no sólo porque los pocos indicadores que hay lo dicen sino que el país tiene una fortaleza institucional y una escala de valores todavía compartidos por la sociedad que le dan cierta ventaja. El problema es que somos los mejores alumnos de una clase muy mala, o sea, no es mucho mérito estar mejor que los países de la región. Hay corrupción en Uruguay pero una que, a mi entender, no es de las más graves. No se han encontrado grandes coimas ni grandes emprendimientos con plata del sector privado hacia funcionarios públicos ni hacia políticos. Es un tipo de corrupción de un nivel intermedio que tiene que ver con conflictos de intereses, con “estar de los dos lados del mostrador” y con nepotismo, es decir con clientelismo, usar el poder público para beneficiar a familiares, amigos o posibles votantes. Creo que eso está muy generalizado y la población lo percibe, más en esta época donde la información corre muy rápido. Eso genera mucho malestar en la gente, y sin embargo la sociedad uruguaya no tiene organizaciones fuertes que se expresen en estos temas.
¿Cómo podemos vincularlo con el caso de Artigas en específico?
Creo que lo de Artigas es un ejemplo más. Lo llamativo del caso es que desde el 2018 todo el país sabía que en la intendencia estaba acomodada toda una familia. En febrero de ese año hubo una serie de denuncias sobre nepotismo donde había situaciones legalmente prohibidas y situaciones que no están prohibidas pero que están mal. Las legalmente prohibidas son las que tienen que ver con que, actualmente por ley, antes era un decreto, no se puede contratar familiares hasta el segundo grado de parentesco. Pero más allá del segundo grado no había una prohibición legal, y en Artigas estaban los primos, los primos de los primos, los hermanos de los primos, los parientes de los cuñados y lo sabía todo el mundo porque los apellidos se repetían. En aquel momento desde la JUTEP se dijo que había cosas que no están prohibidas pero que estaban mal.
También en 2020 la JUTEP sacó un informe sobre Artigas diciendo que en la Intendencia había tres empresas del mismo dueño vinculadas a dos jerarcas de la Intendencia que habían sido contratadas en varias licitaciones por 160 millones de pesos aproximadamente. Salió un informe público, nadie lo desmintió, pero no pasó absolutamente nada. Es la misma gente que permaneció hasta ahora, el Intendente Pablo Caram, el contador Omar Bizera, que en aquel entonces era pareja de Valentina Dos Santos, la diputada que acaba de renunciar y de ser procesada y el apoderado de dos de las tres empresas era el exsecretario Emiliano Soravilla que hoy es el diputado que sustituye a Dos Santos. Entonces a mí no me sorprende lo que pasó ahora y a nadie debería de sorprenderlo, pero aparentemente mucha gente se sorprendió. Lo bueno es que ahora sí se tomaron medidas que en aquel momento no. Pero, volviendo a lo primero, Artigas es simplemente un ejemplo grosero que no se pudo ignorar. Pero son cosas que han pasado, seguirán pasando y se explican por la impunidad. Si ahora la reacción fue más dura, es porque es año electoral.
¿Se practica de la misma forma la corrupción en el interior que en Montevideo?
El interior tiene algunas particularidades. Una es el enorme poder que tienen los intendentes, quienes ingresan al cargo con mayoría, o sea, no hay una representación proporcional sino que el partido que gana tiene la mayoría absoluta. Entonces sabe que el legislativo departamental siempre le va a responder. A su vez, las intendencias están manejando muchísimo dinero. Mucho más que en épocas anteriores. No me refiero a este gobierno sino a los últimos años. Eso da mucho poder y los intendentes lo usan para hacer clientelismo. Es decir, generar trabajo, favores y beneficios a un montón de gente con el objetivo que después esa gente lo vuelva a votar. Es muy difícil pelear contra eso. Creo que el ingreso a los cargos públicos por concurso de alguna manera lo hacía pero después no salió porque hay mucho interés en juego. Ahora aparentemente se ha vuelto a plantear. Ojalá salga esa iniciativa. Porque además plantea a los políticos departamentales un dilema: hacer clientelismo o perder las elecciones porque el otro lo va a hacer. Entonces es muy complicado eso porque te obliga a ser muy buen administrador, un gran intendente y convencer a la gente que sos el mejor aunque no regales cargos.
Eso pasa también en Montevideo pero está más descentralizado. La Intendencia es uno de las principales fuentes de trabajo y tiene mucho peso político y económico. Entonces hay gente que acomoda en un servicio descentralizado, otra en otro organismo público, otra en una empresa. Pero la incidencia en la sociedad montevideana en su conjunto es mucho menor. La posibilidad de hacer clientelismo, o sea, de definir una elección por los votos que compraste, es mucho menor. En el interior la Intendencia está en el centro y si se hace bien el clientelismo seguramente se gane.
¿Qué dice de una sociedad que aun sabiendo casos de corrupción prefiere seguir votando a los políticos que la cometen?
Es cierto que no hay una relación directa entre el nivel de corrupción demostrada y la pérdida de votos. Hay casos como el propio Artigas en 2020, cuando sacó la JUTEP el informe que mencionaba antes, y a los meses Caram fue reelecto, sin ningún problema. También el escándalo con Moreira, de Colonia, que se filtraron unos audios donde pedía favores sexuales a cambio de favores políticos, y también fue reelecto por gran mayoría. Hay dos cosas. Una justamente es que es resultado del clientelismo. Hay gente que ha hecho muchos favores, hay mucha gente que le debe favores y hay mucha gente que lo vota porque eso. Ese es un problema y me preocupa porque el uruguayo tiende todavía por suerte a enojarse con estas cosas, pero después no tiene una forma de canalizar su descontento. Entonces si no cambia eso, el gran problema es que se pase de la bronca a la impotencia y después al escepticismo. Entonces la escala de valores se desparrama y el gran riesgo ahí es que la gente empieza a perder la confianza en el sistema, en las instituciones, en las personas y en última instancia en la democracia. Así terminamos con los paracaidistas que vienen cuando la gente dice que son todos chorros y que mintieron. Efectivamente no hay una correlación directa entre la percepción que tiene la gente de cómo funciona y de la transparencia que existe en el sistema con cómo canaliza su voto. Lamentablemente no es así y el sistema político no asume ese riesgo y usa la corrupción como una herramienta de combate político partidario.
¿Cuáles son las causas de la corrupción?
Las causas son múltiples. La corrupción no es un fenómeno de los últimos años. Yo soy de los que no creen que los hombres sean necesariamente corruptos. Creo más bien que hay formas y mecanismos que las sociedades tienen que darse para que estas cosas pasen lo menos posible. La convicción y los controles pesan en la cuestión. En Uruguay se está muy acostumbrado a que los controles están en el papel. Les importa más que estén en la ley a que se cumplan. El poder genera tentaciones que hay que evitar con convicción y con controles. La impunidad se autoalimenta. En todos los partidos hay gente buena que no está de acuerdo con esto. Pero en la práctica no operan las barreras que tendrían que operar.
Además, está el tema de una sociedad que nos requiere plata, que nos requiere niveles de consumo y ostentación que no ayudan a esto. Entonces bueno, si no opones ciertos límites terminas aprovechando el cargo para beneficio propio y no para cumplir una función pública. No todos tienen claro que el funcionario público está al servicio del ciudadano. Uno está ahí por y para los ciudadanos y no puede hacer otra cosa que servir.
¿Se debería incentivar al funcionario público para que elijan denunciar la corrupción en lugar de unirse a ella?
Sí, creo que sí. Hay que trabajar en varios planos ahí. Uno es por supuesto la motivación para ser honestos. La formación, la capacitación de los funcionarios, eso hay que hacerlo, es un trabajo específico. No es que el tipo entró, ganó un concurso, y después tiene que aprender solo lo que está bien y lo que está mal. Creo que la ética se fomenta en la educación. Si estamos de acuerdo en que la educación pública se ha deteriorado en las últimas décadas, también va a afectar esta escala de valores que la ética requiere. Entonces, un plano es la educación y el otro plano son los propios funcionarios públicos. O sea, los que ya están, o los que vayan ingresando, de qué manera das cursos, das capacitaciones y lo vas orientando. También las herramientas para denunciar. Hoy el tema de los canales de denuncia es una cuestión fundamental. Tiene que haber canales de denuncia para que los buenos funcionarios puedan hacerlo con un mínimo de garantías. Porque muchas veces la denuncia va en contra de algún superior. También se necesita hablar sobre el “buchonismo”, aquel que dice “yo no estoy de acuerdo, pero no voy a denunciar a un compañero”. Hay que mostrar que ese compañero que hace macanas, en realidad está afectando a todos y no es un buen compañero. Que no se tenga que ser cómplice por omisión, o cómplice por una supuesta solidaridad.
Fuente: APU.UY
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